La encuesta, explica la SEOM, arrojó algunos datos preocupantes como que en 22 hospitales de los 80 encuestados existe al menos un fármaco, que en algunas de sus indicaciones, no está disponible pese a estar aprobado para ese uso en España, y que en 40 centros del total existen limitaciones para alguna de las indicaciones que aunque no se contemplan como “prohibiciones de administración de fármacos” supone que han de realizarse trámites, generalmente de tipo burocrático y administrativo que realmente en algunos casos dificultan su uso.

En el análisis por Comunidades Autónomas sobre las dificultades de uso de fármacos con plena aprobación, se observa que el mayor número de problemas se agrupan porcentualmente en Cataluña y Andalucía, en relación con el número de encuestas recibidas.

Tras el análisis de estos datos, el presidente de la SEOM, Juan Jesús Cruz concluyó que la sociedad que preside “no puede admitir que ningún tratamiento aprobado por el SNS quede fuera de los procedimientos terapéuticos disponibles por los oncólogos españoles para los pacientes con cáncer y que se produzcan desigualdades en el acceso a los tratamientos en diferentes Comunidades Autónomas y dentro de éstas en los distintos hospitales”.

Además, agregó que “el oncólogo debe ofrecer a los pacientes aquellos tratamientos que hayan demostrado ser eficaces, seguros y se encuentren avalados por las agencias reguladoras, y los aspectos relacionados con el coste de los mismos deben ser tratados de una manera racional por las autoridades sanitarias, los expertos y la industria farmacéutica, sin que las demoras en su incorporación a la práctica clínica supongan un perjuicio para los pacientes. El uso de los mejores tratamientos oncológicos es un derecho irrenunciable que no tiene por qué estar reñido con un empleo racional de los recursos y un mayor celo en la contención del gasto”.