El dictamen de la comisión sobre el texto salió adelante 179 votos a favor, 141 en contra del texto y una abstención.

De esta manera, la norma pasará ahora al Senado para proseguir su tramitación. Si en la Cámara Alta el proyecto no sufriera ninguna modificación quedaría definitivamente aprobada. De lo contrario, tendría que volver al Congreso para recibir el visto bueno a los cambios.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene la función se supervisar globalmente todas las administraciones públicas y hacer cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Además, su creación responde a una directiva de la Unión Europea de 2011.

En el desarrollo de sus funciones la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elaborará informes que serán preceptivos y no vinculantes pero, si la Administración a la que va dirigida el informe se aparta del criterio dado, deberá motivarlo.

Además, elaborará un informe anual sobre el cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Este organismo se adscribirá al Ministerio de Hacienda, a través del titular del mismo. Su dirección corresponderá a un presidente que será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del responsable de Hacienda.

Durante su intervención, Pedro Saura, portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, afirmó que el Gobierno “en lugar de traer un Proyecto de Ley que emita una señal clara de transparencia y de independencia, sobre el análisis de las finanzas públicas, nos trae la creación de un negociado más del Ministerio de Hacienda”.

En este sentido, indicó que la luz del túnel que “nos anuncia el PP es Montoro con una linterna ahuyentando a los espíritus”, para añadir que “esta ley no cumple ni uno solo de los principios de independencia fiscal las instituciones recomendados por la OCDE” y ha asegurado que “es una oportunidad perdida que nos va a salir muy cara”.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Matilde Asián, señaló que “la responsabilidad fiscal no es sólo una necesidad económica, que lo es, sino también es un elemento clave de la calidad democrática y por supuesto de la lealtad que todos nuestros políticos le debemos al Estado, sea el que sea el que gobierne”.

Respecto a las enmiendas puestas por los distintos grupos parlamentarios, la diputada popular consideró que “todas tienen un denominador común: mejorar la interlocución con las Administraciones Territoriales”.

Asián subrayó “se han aceptado enmiendas transaccionales con PNV y UPN, en el sentido de recoger explícitamente que las funciones de la autoridad fiscal independiente no influye para nada, no contradice los conciertos vascos ni el convenio con Navarra”.