En el auto de la Sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativa, publicado este miércoles, se recoge que “no ha lugar a adoptar la medida cautelar provisionalísima” respecto de la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013.

Si bien, el Tribunal sí decide “tramitar el incidente cautelar” que solicita Iberdrola y que consiste en suspender la orden de peajes para que recoja las medidas precisas para que los peajes de accesos sean suficientes para cubrir el déficit del sistema eléctrico, ya que los costes superan a los ingresos.

El Tribunal sostiene que “no se advierte que sea imprescindible resolver de forma inmediata” esta petición de la compañía eléctrica y añade que “no apreciamos que resulten convincentes los argumentos expuestos” por Iberdrola para justificar la adopción de “medidas cautelar sima de forma inmediata”.

Asimismo, la sala dice que no hya una urgencia “tan extremada como para no tramitar la pieza de suspensión ordinaria y la complejidad y trascendencia de las cuestiones planteadas en el presente litigio”.

Iberdrola en su escrito, según recoge la decisión de la sala, pidió al Supremo que “ordene a la Administración General del Estado a que, a la mayor brevedad posible (...) adopte las medidas precisas para que los peajes de acceso sean suficientes para cubrir el déficit del Sistema eléctrico que la Administración estima se va a producir en 2013, en un mínimo de 2.500 y un máximo de 3.000 millones de euros”.

Esta cifra de déficit de tarifa para el cierre de este año apuntado por la empresa coincide con lo manifestada públicamente por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien señaló esa misma horquilla de deuda para este 2013.

La compañía eléctrica pide que los peajes “sean suficientes para sufragar la totalidad de los costes de las actividades reguladas estimados en la propia orden impugnada, lo que supone obtener mayores ingresos por importe de 500 millones de euros, como costes indebidamente minorados en la retribución de las energías renovables”.