El pasado 2 de octubre el Pleno del Tribunal Constitucional avaló la reforma de la ley reguladora de la función pública de las Islas Baleares, que eliminó la exigencia general de un determinado nivel de conocimiento del idioma catalán como requisito para acceder a la Administración en la citada comunidad autónoma. “No existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano sobre el catalán”, establece el tribunal.

En la sesión de control al Govern en el Parlament balear Cabrer se interesó por la valoración de la consejera de Función Pública, Nuria Riera, quien reconoció sentirse “muy satisfecha”, al tiempo que explicó que la sentencia pone de manifiesto que “no hay ninguna discriminación y que la reforma de la ley se ha hecho de forma correcta”.

Insistió en que su departamento actuó en relación a esta cuestión del modo adecuado para que “la dos lenguas estén en igualdad de condiciones y no haya preferencia” de una sobre otra.