En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, tras explicar los presupuestos de su departamento, dijo que “primero” es ver “exactamente” qué ha ocurrido, y qué fallas están en movimiento así como “garantizar la seguridad” de las personas y bienes materiales en un zona en la que “no había sismicidad”.

A eso es a lo que se está “dedicando” el Gobierno, reiteró el secretario de Estado, si bien, añadió que “una vez superada esta fase”, se verá “qué responsabilidades hay o dejar de haber, y qué viabilidad tiene o deja de tener el proyecto” y, en función de eso, adoptar las consecuencias necesarias.

Reiteró que no se va a reanudar la inyección de gas hasta que no haya una “explicación clara y convincente de lo que ha ocurrido”.

En cuanto a los informes de los técnicos, señaló que “están trabajando contrarreloj” y que envían informes “de manera regular” pero que no quiere “meter prisas a los expertos para que den conclusiones equivocadas” y esperarán a una “conclusión total”

Castor es un almacén subterráneo que se encuentra a unos 22 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón) y a dos kilómetros de profundidad. La empresa propietaria del mismo Escal UTS, de la que es ACS posee el 66% y la canadiense CLP el restante 33,33%, realizó inyecciones del denominado gas colchón, que es el gas necesario para que la instalación funcione y pueda realizar pruebas, entre el 13 de junio y el 16 de septiembre. Tras producirse varios seísmos, el Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cierre de la planta y retiró la autorización “provisional” otorgada para iniciar las pruebas.