"Cierto es que existen grupos criminales que se enriquecen con el traslado ilegal de inmigrantes y

refugiados, y que tales grupos deben ser perseguidos y castigados como merece su infame actividad, pero, si sólo vemos este lado de la cuestión, estamos sumergiéndonos en una cínica y monumental ceguera", asegura esta comisión.

Las personas que han muerto en Lampedusa procedían de países en los que hay conflictos bélicos, persecuciones y atropello de los derechos humanos (Eritrea, Somalia, Siria...), por tanto no eran “inmigrantes ilegales” como se les está denominando, sino personas susceptibles de ser solicitantes de asilo, es decir, refugiados, sostiene Cear.

Además esta organización recuerda que "todos los países europeos son firmantes de la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados, y que ello nos obliga a atender a todas las personas que quieran solicitar asilo".

Los gobiernos europeos, en su obsesiva “lucha contra la inmigración irregular, han levantado todo tipo de barreras para impedir la llegada de los inmigrantes a territorio europeo. El incumplimiento por parte de los Estados europeos de nuestras

obligaciones sobre asilo y refugio es flagrante", concluye.