En opinión del comité, “no se pueden tolerar incumplimientos de lo establecido en ambas normativas, dado que menoscaban los derechos de las personas con discapacidad, al verse limitada su movilidad y su autonomía personal cuando hacen uso de recintos o de servicios que no son accesibles y que, según establece la legislación vigente, deberían de serlo”.

En este sentido, el Cermi madrileño incide en que se han registrado más de 330 infracciones relacionadas con la accesibilidad en la Comunidad, pero, sin embargo, “ninguna ha resultado con sanción hasta el momento”.

Para el Cermi Madrid, estas denuncias “no han sido tratadas hasta el momento con el suficiente rigor e interés por parte de la Administración autonómica, dilatando sus plazos de tramitación y no cursándolas con diligencia por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, el cual es reconocido como coordinador y responsable de este asunto, según establece la legislación".

“Suponen un grave perjuicio para las personas con discapacidad, pues dificultan su plena integración social y, por tanto, su participación en sociedad”, mantiene el Cermi.

Así, solicita a la Administración, tanto regional como local, que velen por el “adecuado” cumplimiento de los requisitos de accesibilidad exigidos legalmente, dado que, de lo contrario, estará incurriendo en “dejación de funciones” y perjudicando gravemente a un colectivo numeroso, como es el de personas con discapacidad o con movilidad reducida.

Asimismo, el comité estima necesario que se dinamice el funcionamiento del denominado Fondo para la Supresión de Barreras Arquitectónicas, dotándolo de los fondos precisos, pues, en la actualidad, se trata de un instrumento “poco operativo y eficaz” en lo referente a la implementación de acciones para mejorar la accesibilidad de instalaciones o servicios.