Una vez oída la Junta de Portavoces, la Mesa del Congreso de los Diputados se reunió para tomar una decisión que fue hecha pública por el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.

“La decisión de la Mesa ha sido reafirmarnos en la decisión de la Mesa anterior de no calificar esas mociones por las razones que daba la mayoría y con el resultado que es igual que el de la semana pasada, pero sí se ha aprobado unánimemente reconocer el derecho de los grupos La Izquierda Plural y Socialista a hacer una moción consecuencia de la interpelación que hicieron”, dijo Posada.

Así, el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara y el Socialista tienen de plazo hasta las 20.00 horas de este jueves para registrar una nueva moción que, de cumplir los requisitos que a juicio de la Mesa de la Cámara Baja exige el Reglamento, tendrían prioridad en el orden del día del Pleno del próximo martes.

Tras conocer la decisión de la Mesa de la Cámara Baja, el portavoz del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, José Luis Centella, manifestó que ellos no tienen “ningún problema” en reformular su moción. “Siempre que quede claro que no retiramos el fondo de la cuestión”, apostilló.

Por su parte, desde el Grupo Socialista se mostraron convencidos de que podrán reformular su moción sin renunciar “a su esencia”. En esta línea, y previamente a la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, se pronunció la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez.

“Reformularemos siempre para hace una moción congruente con la interpelación y con lo que se dijo defendiendo la interpelación. Ahí está el Diario de Sesiones y todos los argumentos que utilicé para defenderla, y haremos una moción consecuente con la interpelación”, recalcó.

EL RECHAZO

Fue el pasado 23 de septiembre cuando la Mesa del Congreso rechazó las polémicas mociones, por entender que las citadas iniciativas no se correspondían “con una moción que insta al Gobierno a cuestiones que el Gobierno puede hacer”.

Tanto PSOE como IU criticaron que se trataba de una decisión política que no contaba con el respaldo de informe jurídico alguno y que había sido adoptada para impedir el debate parlamentario de cuestiones que no convienen ni al Gobierno ni al PP.

La del PSOE era una moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Presidente del Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento.

En ella, el PSOE pedía a la Cámara que reprochase al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las "mentiras" que, a su juicio, a vertido sobre el ‘Caso Bárcenas’.

La iniciativa buscaba, y así constaba en el texto, que Rajoy asumiese las responsabilidades políticas que ineludiblemente deben derivarse por las falsedades vertidas ante el Pleno del Congreso de los Diputados”.

La del Grupo Parlamentario IU -ICV-CHA: La Izquierda Plural versaba sobre actuaciones en defensa de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política.

Esta iniciativa de La Izquierda Plural buscaba que el Congreso de los Diputados manifestase “su rechazo al comportamiento del presidente del Gobierno durante su comparecencia celebrada en el Senado el pasado 1 de agosto, al quedar en entredicho las manifestaciones vertidas en sede parlamentaria sobre su relación con Luis Bárcenas, extesorero del PP y la supuesta trama de financiación ilegal de su partido”.