En concreto, la partida para seguridad ciudadana y prisiones pasa de 7.903,48 millones de euros en 2013 a 7880,95 en las cuentas del próximo año, lo que supone una pérdida de 22,53 millones.

En este sentido, en el Libro Amarillo de los presupuestos de 2013 ya se afirmaba que ese año el gasto en estas partidas se reducía un 5,4% respecto a 2012, algo que el Gobierno explicaba porque “en un contexto de ajustes presupuestarios significativos, la voluntad del Gobierno de continuar atendiendo las demandas de seguridad que la sociedad exige”.

Por lo que se refiere a las cuentas para 2014, las dotaciones destinadas a las actuaciones en materia de protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos ascienden a 5.421,96 millones de euros.

En este ámbito, las medidas que se llevan a cabo abarcan principalmente, entre otras actuaciones, la lucha contra la delincuencia organizada en general y contra el terrorismo en particular; contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales; contra la inmigración irregular; y la coordinación y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros cuerpos policiales, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Asimismo, en el Libro Amarillo de las cuentas de 2014 se afirma que durante el próximo año “se va a continuar con la ejecución de planes iniciados en ejercicios anteriores, tales como el refuerzo de la presencia policial en las calles; afrontar las nuevas formas de delincuencia; y promover la atención al ciudadano”.

También se trabajará en “combatir la violencia doméstica; impulsar medidas dirigidas a otros colectivos vulnerables como niños y personas mayores; así como incrementar la lucha contra los delitos contra el patrimonio, contra el blanqueo de capitales y la corrupción”.

Otras prioridades son “dotar un número suficiente de funcionarios dedicados a la investigación de delitos contra la propiedad intelectual e industrial y, finalmente, fomentar el uso de todo el potencial de la inteligencia financiera como herramienta esencial para la lucha contra el blanqueo de capitales, la elaboración e implantación de un plan de lucha contra la radicalización”.