El objetivo de esta norma, que se incluye en Plan Nacional de Reformas que el Gobierno remitió a Bruselas, tiene como objetivo aplicar un índice diferente del IPC en las rentas públicas, sobre todo en lo que se refiere a contratos administrativos.

Según explicó el Ejecutivo, esta normativa pretende eliminar los efectos “perjudiciales” derivados de la vinculación automática al IPC en la formación de precios y costes y evitar efecto de segunda ronda sobre la inflación.