La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que los toros se declaren bien de interés cultural se presentó en el Congreso con el aval de 650.000 firmas. Hace unos meses fue tomada en consideración en el pleno con los votos del PP y UPyD, y la abstención del PSOE.

Hoy se somete nuevamente a debate para decidir sobre las enmiendas de totalidad presentadas por La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, ERC y Compromís-Equo que proponen en líneas generales que se suprima cualquier tipo de subvención pública a los toros, se acuerde la retransmisión televisiva de estos espectáculos y se prohíba el acceso de menores a las plazas.

Tras un lago debate de más de dos horas, el ministro Wert tomó la palabra en tono conciliador para expresar su “respeto a todas las posiciones”, recordar el “arraigo histórico y cultural” de la tauromaquia y expresar su deseo de “encontrar una fórmula que satisfaga las aspiraciones competenciales” de las autonomías y permita al Estado una regulación sobre su carácter cultural.

La idea del ministro es “no sobrepasar las competencias estatales, pero ejercer el deber de protección , que no de promoción”. Quiso alejarse, además, del debate ideológico asegurando que este asunto “no es una cuestión de derechas o izquierdas”.

Insistió en que “no es riguroso decir que la tauromaquia goza de un régimen de subvenciones” y consideró “posible” llegar a acuerdos con UPyD, cuya enmienda de totalidad establece la idea de considerar los toros como “patrimonio cultural inmaterial español”, no susceptible de ser suprimido por decisión de las distintas autonomías.

El ministro insistió en que “es posible” clarificar la protección de estos espectáculos mediantes “enmiendas parciales” que “no impliquen formas de protección económica a cargo de los Presupuestos”, y dijo que no se puede discutir su “arraigo”, “valor cultural e importancia económica y turística”.

En nombre del PSOE, José Andrés Torres Mora, le garantizó una actitud “constructiva” de su Grupo advirtiendo que se opondrían a la invasión competencial y que iban a apoyar la enmienda de CiU, que incide sobre ello.

En el resto se abstuvieron por “templanza” en un debate encendido y no por “cobardía”, con la convicción de que el Parlamento no está “para promover o para prohibir” los espectáculos taurinos.

El portavoz socialista criticó al PP al que en 2010 le debió parecer “buena idea” alentar un debate taurino con traslación a la confrontación entre “nacionales y nacionalistas”. Sin embargo, dudó que ahora “una corrida de toros valga la unidad de España. Ahora, a los del PP les toca ser animalistas en la intimidad”.

Advirtió que si los toros nunca hubieran existido en España y “alguien viniera a nuestro despacho a proponernos un espectáculo así, ninguno lo permitiría”, pero el hecho es que “los toros forman parte de la cultura de la historia y de la vida de muchos y no podemos arrancarles todo eso, sin arrancarles parte del ejercicio de su libertad”.

PROYECTO CENTRALISTA

Por su parte, la diputada de CiU Montserrat Surroca defendió una enmienda que se centra en dejar claro que las competencias relativas a la regulación de las corridas y espectáculos taurinos corresponden a las comunidades autónomas.

A su juicio, la ILP llegó al Congreso con “la clara voluntad de imponer un único modelo” para todas las comunidades autónomas “de uniformización y centralización, arrollando la pluralidad cultural del Estado”.

Surroca entiende que tanto el PP como los firmantes tienen “la explícita intención de contrariar la decisión” del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros, tal y como “han reconocido los impulsores”, que han “contado con la total complicidad del Grupo Popular”.

Por ello, CiU “rechaza de plano” una iniciativa que “nace con voluntad de imponer los toros ignorando el marco competencial autonómico” como una “ejemplificación folclórica” que llegue a todo el territorio del Estado.

“Sería una verdadera torpeza y supondría atropellar la realidad de la distribución de competencias con motivo de un asunto discutido y discutible”, aseveró.

En nombre de La Izquierda Plural, Laia Ortiz, defendió su enmienda en la que defiende que "las corridas de toros y otros espectáculos donde se produzca maltrato y muerte de un animal no podrán ser considerados en ningún caso como patrimonio cultural español", ni tampoco deberían formar parte de los contenidos educativos.

Ortiz reconoció el carácter histórico de las corridas, pero insistió en que ahora se trata de tomar decisiones para el futuro y afirmó que “asusta pensar que España necesita del maltrato animal para cimentar su identidad cultural”.

A su juicio, esta iniciativa sólo se activó para “responder” a la decisión de Cataluña de prohibir los toros mediante un “proceso impecable” y con la idea de “rescatar una actividad que se está hundiendo”.

“Es el momento de abandonar la barbarie”, insistió la diputada que preguntó al PP si “quieren hacer el ridículo a nivel internacional solicitando la declaración como patrimonio cultural de la humanidad de la Unesco” estos espectáculos.

PROHIBIDOS LOS MENORES

Además de impedir las subvenciones, esta formación quiere que se prohíba a los menores la entrada a las plazas, que se evite la retransmisión de espectáculos taurinos en medios de comunicación durante el horario protegido para la infancia y que en ningún caso se enseñe en las escuelas.

ERC tampoco pide expresamente la prohibición de las corridas de toros porque es una decisión que corresponde a las comunidades autónomas, pero rechaza la protección a las corridas por ser "espectáculos violentos donde se lleva a cabo la tortura de los animales con instrumentos de acero cortantes hasta su sangrante muerte".

Alfred Bosch (ERC) recordó que hace dos año y día que en Barcelona se celebró la última corrida, “la última carnicería de animales” en la Plaza Monumental de Barcelona. Asimismo, cuestionó que este espectáculo, “propio de la Edad Media e impropio del siglo XXI” pudiera sobrevivir si no fuese por las subvenciones que recibe de las distintas Administraciones del Estado. “Estaba batalla está perdida” porque “matar no es cultura”, dijo.

Esquerra sostiene que las corridas de toros "pueden perjudicar seriamente su desarrollo físico, psíquico, mental y moral" de los menores por "la violencia gratuita que de ellas se desprende y por el proselitismo intrínseco del maltrato animal".

El diputado de UPyD Toni Cantó defendió su enmienda de totalidad que pretende que los festejos taurinos estén protegidos como patrimonio cultural inmaterial español que no puedan ser suprimidos por las comunidades autónomas y aboga por su reconocimiento por la Unesco.

Para esta formación, esta regulación “no conllevaría ninguna subvención de la Administración que sí estará obligada a preservar y documentar este bien en caso de que haya “peligro de desaparición”.

En el fondo de su intervención subyacía la preocupación por que el “Estado no tiene instrumentos” para abordar una regulación que afecte a todo el territorio nacional .

A su entender, la Constitución otorga al Estado la "competencia exclusiva" respecto de la defensa del patrimonio cultural español por lo que las comunidades no pueden prohibir unilateralmente las corridas de toros como hizo Cataluña.

Por su parte, Joan Baldoví (Compromís-Equo) comenzó su intervención leyendo el folleto “la tauromaquia contada por un toro de lidia”, editado por la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (AVAT) y que explica todos y cada uno de los padecimientos físicos que sufre el toro desde que comienza la corrida hasta que recibe la estocada final.

Pero además, esgrimió otros argumentos, al tachar de “indignante” que “en lugar de financiar el Estado de bienestar que tanta falta hace” se pretenda “que paguemos entre todos y con nuestros impuestos las entradas a los toros”.

“Hablar de la fiesta en la que el objetivo es el maltrato animal como actividad esencial hoy en día es ofensivo a los principios generales del Derecho. Invadir competencias autonómicas, como hace el contenido legislativo de la propuesta, implica vulnerar la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Afirmar en un texto legal [...] que el Estado estará obligado a subvencionar las entradas a los toros cuando hay madres y padres que no tienen qué ponerles en el bocadillo a sus hijos es insultante”, sentenció.

Olaia Fernández Dávila, del BNG, manifestó que es “incomprensible” que en España, conforme a las directrices europeas, se haya prohibido la matanza del cerdo, que es tradición en muchos lugares de la Península, precisamente para evitar el sufrimiento del animal y, sin embargo, haya quien se alboroce porque hay gente que pide la eliminación de la fiesta taurina.

En nombre del PP, Juan Manuel Albendea afirmó que las enmiendas de totalidad presentadas suponen un “atentado a la ecología, a la economía, a la tradición y a la libertad” y defendió que “cómo toda gran creación humana (la tauromaquia) expresa valores universales”.

Entró de lleno a rebatir las acusaciones de crueldad para con el toro y esgrimió informes veterinarios que concluyen que “el sufrimiento” del animal “puede llegar a ser casi nulo”.

Además, argumentó que los espectáculos taurinos generan más de 970 millones de euros al año, y pagan impuestos a las arcas públicas. Insistió en que los toros no están subvencionados, aunque dudó que “no deban estarlo como otros espectáculos culturales”.

Finalmente, el portavoz del PNV Joseba Aguirretxea criticó la enmienda de UPyD por su tono “centralizador y españolista” y advirtió: “En Euskadi, si hay toros o vacas lo decidiremos nosotros”.