Según informó este jueves la Policía, los detenidos cobraban entre 400 y 1.000 euros por formalizar altas a desempleados que estaban interesados en percibir subsidios por desempleo.

Asimismo, los cuatro arrestados ofrecían a inmigrantes en situación irregular formalizar un contrato de trabajo que les permitiera obtener el permiso de residencia y contrataban a mujeres embarazadas pocos días antes de dar a luz para supuestamente trabajar en la construcción.

La Policía inició las investigaciones en Almería tras recibir una información procedente de la Unidad de Control del Fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se informaba de que tres empresas estaban simulando contrataciones laborales.

Así, los agentes descubrieron que los trabajadores de dichas empresas figuraban en las plantillas de personal pero los empresarios no pagaban las cuotas pertinentes por tenerlos dados de alta en la Segurida Social. De ésta, las empresas habían conseguido defraudar 179.376 euros a la Administración.

En el trascurso de las pesquisas, la Policía descubrió que los responsables de estas redes captaban a sus clientes, bien personalmente o valiéndose de supuestos trabajadores de las empresas que ofrecían, previo pago de casi 500 euros, un contrato de trabajo que permitiera regularizar su situación en España.

Asimismo, una segunda vía de defraudación consistía en ofrecer la posibilidad de acceder al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo. Para ello, los empresarios solicitaban una cuota de 400 euros por cada mes que los trabajadores permanecían dados de alta en el sistema de la Seguridad Social.

Con toda la información obtenida por la Policía, entre agosto y septiembre los agentes detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de los delitos de falsificación de documentos y estafa a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Servicio Público de empleo estatal.

La última investigación policial efectuada en El Ejido(Almería) ha culminado con la detención de 13 personas por defraudar un total de 220.000 euros correspondientes a la Seguridad Social.