En su exposición de motivos, el PP menciona la "amplia polémica en la opinión pública" que suscitó dicha disposición, las sucesivas intervenciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para aclarar el tema, y el anuncio de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de que no respondería a las preguntas de la oposición al respecto en la sesión de control.

Según el PP, "se hace necesario que la defensa de la propiedad intelectual en Internet se afronte con medidas legales consensuadas y eficaces, que busquen un equilibrio entre la protección de los derechos de los creadores y el disfrute en libertad de los derechos de los usuarios de la red".

Además, la interpelación popular sostiene que "cualquier intervención que pueda suponer un límite o menoscabo de los derechos de los ciudadanos deberá contar siempre con la debida supervisión y autorización de la autoridad judicial", impidiendo así "actuaciones arbitrarias o irregulares que atenten contra la libertad".