En rueda de prensa, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, apuntó que el sindicato quiere hacer coincidir esta propuesta con la negociación de los presupuestos del próximo año.

En concreto, el sindicato propone la creación de un Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas común para toda España que tenga "carácter estructural y voluntad de permanencia".

Esta prestación estaría dirigida a las personas mayores de 18 años que lleven un año residiendo en España (6 meses para los españoles que residían en el extranjero por motivos de trabajo), que tengan ingresos inferiores a la cuantía de la pensión no contributiva (5,108,6 euros anuales en 2013).

Este volumen máximo de ingresos para acceder a la ayuda se incrementaría un 23% si hay una segunda persona en el hogar (6.283,58 euros en 2013) y alcanzaría el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) en los casos de tres personas en la unidad de convivencia (7.455,14 euros) y un 23% más si son cuatro o más personas (9.169,82).

En cuanto a la cuantía de la prestación, sería equivalente a esos ingresos máximos, es decir, la cuantía de la pensión no contributiva para una sola persona, un 23% más si son dos, el Iprem si son tres y un 23% más si son cuatro o más.

El responsable en materia de protección social del sindicato, Carlos Bravo, explicó que su configuración es similar al de las pensiones no contributivas, ya que sería una renta de carácter estatal, aunque su gestión la harían las comunidades autónomas, y se financiaría con los presupuestos generales del Estado. Asimismo, apuntó que tendrían una revalorización anual equivalente al IPC.

Esta medida tendría un plazo de implantación gradual de tres años que comenzaría el 1 de enero de 2014 con un coste inicial de 1.000 millones de euros y alcanzando la cobertura total en 2017, con un coste aproximado de 4.000 millones de euros.

Cuando los beneficiarios lleven un año cobrando la prestación, los servicios públicos de empleo deberán ofrecerle un empleo que, en caso de ser rechazado, podría suponer una disminución de la cuantía.

Asimismo, durante seis meses (que en casos excepcionales se podría prorrogar en seis meses adicionales) los beneficiarios podrían compatibilizar la ayuda con un salario, siempre y cuando el 50% de las rentas laborales que obtenga no superen los mínimos establecidos para cobrarla.

Bravo dejó claro también que esta renta "no sustituiría ninguna prestación de las ya existentes", sino que viene a "cubrir un vacío".