"No hemos renunciado ni vamos a renunciar" al objetivo de que Haidar regrese a su casa con su familia, aseguró la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que aprovechó también para reiterar que el Gobierno sigue apostando por el derecho a la libre determinación del pueblo sarahaui en el marco de las resoluciones de la ONU, y para subrayar que el 80% de la ayuda que reciben los campamentos saharauis procede de España.

Se trabaja en todos los ámbitos, aseguró, directamente con Marruecos y con la comunidad internacional, y también tratando de convencer a Haidar para que abandone su decisión de defender su causa con una huelga de hambre, legítima pero que pone en riesgo su vida.

Reiteró, en este sentido, que preservar la salud y la vida de Haidar es "prioritario" para el Gobierno, que espera no llegar a una "situación límite". En todo caso, no se descarta tomar ninguna medida de "todas las que la ley nos ofrece".

Fernández de la Vega insistió en que la figura del Rey y su papel en la política exterior de España es reconocida y valorada "de manera muy especial" por el Gobierno, y por ello está "permanentemente informado" de la situación. Eso, precisó, es "perfectamente compatible" con que sea el Gobierno el que deba asumir la gestión directa de la crisis.

La vicepresidenta subrayó que Aminatou Haida tenía permiso de residencia en España en el momento en que las autoridades de Rabat le retiraron su pasaporte marroquí e impidieron su entrada en ese país, el pasado 13 de noviembre, por lo que la compañía aérea la admitió de vuelta en virtud de la Ley de Extranjería.

Con ese argumento la vicepresidenta reiteró que la decisión de dejar entrar a Haidar en España fue meramente administrativa, y no hubo ningún tipo de intervención política.