Este protocolo, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1989, es el único instrumento jurídico de alcance universal que prevé la abolición total de la pena de muerte.

El Gobierno, que recordó que España fue el 23º país en adherirse a este protocolo, destacó su "firme compromiso en la promoción de la abolición de la pena de muerte", recogido en el Plan de Derechos Humanos adoptado por el Consejo de Ministros hace casi un año, el 12 de diciembre de 2008.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Por otro lado, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha instado al Gobierno y a los parlamentarios a que incluyan en una futura reforma de la Constitución la alusión a la pena de muerte en tiempos de guerra.

En declaraciones a Servimedia, Beltrán afirmó que si las leyes penales militares autorizan la pena de muerte en tiempos de guerra, irían "en contra de las regulaciones Por ello, señaló que esta iniciativa no causa rechazo cuando Amnistía la ha solicitado al Gobierno y a los grupos políticos en el Parlamento, por lo que les reclamó que "cierren la puerta y tiren definitivamente la llave de la pena de muerte".

Amnistía Internacional ha realizado esta petición en varias ocasiones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, que pide una moratoria mundial de la pena de muerte hasta 2015.

Según Amnistía, las últimas ejecuciones ocurridas en España tuvieron lugar en septiembre de 1975, cuando fueron fusilados Jon Paredes, Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena.

En 1995 quedó totalmente abolida la pena de muerte mediante la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, que prohíbe la pena de muerte en tiempo de guerra, a pesar de que la Constitución siga haciendo mención a ella.