Así lo aseguró de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde destacó que "la Constitución y las leyes fijan con claridad las normas que regulan las consultas populares" y, dijo, "estas consultas no se ajustan a la ley ni a la Constitución y, por tanto, no tienen ni validez ni consecuencia jurídica alguna".

En esta misma línea, sobre la posibilidad de que la Abogacía del Estado recurra las consultas, la vicepresidenta explicó que "el abogado del Estado las mira todas y en cada caso toma la decisión" pero puntualizó que "no me consta que se haya tenido que realizar ninguna intervención".