Torres-Dulce, en el discurso que pronunció ante el Rey en el solemne acto de apertura del año judicial celebrado en la sede del Tribunal Supremo, afirmó que la corrupción “es, sin duda, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad”. El fiscal general recordó que las encuestas sitúan a la corrupción como la segunda preocupación, después del paro. Al respecto explicó que “el Ministerio Fiscal comparte esa preocupación y desde su atalaya procesal trata de combatirlo con los medios a su disposición”.

El máximo representante de la Fiscalía explicó que el “panorama se complica aún más si tenemos en cuenta que, junto a la corrupción pública, se alza la corrupción privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades” que se benefician "de las sociedades que dirigen y de las personas que tienen intereses en éstas”.

Al respecto, Torres-Dulce señaló que “este complejo fenómeno exige aumentar la eficacia de los órganos de inspección y control de las administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detección precoz que permitan abordar la corrupción en sus inicios.

El fiscal general también mencionó las participaciones preferentes emitidas por bancos y cajas de ahorro en riesgo de insolvencia. “Los casos actualmente sometidos al escrutinio judicial resultan variados y sumamente complejos, por lo que no admiten un tratamiento común”, señaló. Torres-Dulce añadió que la Fiscalía no puede permanecer al margen de un problema que ha supuesto “la volatización de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta”.

CÓDIGO PENAL

Asimismo, advirtió de que el borrador de Código Procesal Penal, que contempla entre otras novedades la desaparición del Juez de Instrucción y una investigación dirigida por el fiscal y supervisada por el Tribunal de Garantías, “incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle, al mismo tiempo, la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término”.

El Fiscal General recordó que el nuevo curso judicial “se abre ante grandes desafíos que requerirán de esfuerzos de consenso y fe en los valores constitucionales democráticos” y señaló que en “el Ministerio Fiscal, como parte esencial de la tarea de administrar justicia, se apuesta por ello convencido de que sin justicia no habra libertad, sin libertad no habrá democracia, sin democracia no habra Estado de Derecho ni convivencia posible entre los ciudadanos españoles”.

UN 151% MÁS DE SENTENCIAS

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2012, la apertura de las causas por delitos de corrupción se ha incrementado en un 17% durante los últimos tres años, con un claro predominio del delito de prevaricación administrativa que supone un 23% del total de delitos relativos a la corrupción en el año 2012.

Además, las sentencias dictadas por delitos relativos a la corrupción se incrementaron en un 151% en los últimos tres años representando la prevaricación administrativa un 44% del total y la malversación un 39%. Con respecto al año 2012, se produjo un aumento significativo de las sentencias por los delitos de cohecho, malversación y prevaricación administrativa.

En el informe también se apunta que en el año 2011 se alcanzaron máximos históricos en la presentación de escritos de acusación relacionados con la corrupción, ascendiendo a un total de 235, entre los que predominó la malversación de caudales públicos que en 2011 representó un 40% del total seguida de la prevaricación administrativa que alcanzó un 26%.