La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo, sino que supone que el Constitucional tendrá que analizar ahora el caso en profundidad para decidir si el Gobierno de Mariano Rajoy vulneró derechos fundamentales de los trabajadores públicos al quitarles una nómina.

Los tres órganos judiciales plantean al Tribunal sus dudas acerca de la constitucionalidad del artículo 2 del Real Decreto, pues consideran que vulnera el artículo 9.3 sobre “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Además, aducen que también se salta el artículo 33 de la Constitución cuando dice que "se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia", "la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes", "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

El Tribunal Constitucional ya ha dado traslado de su decisión al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al fiscal general del Estado, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular alegaciones.

Este no es el primer recurso contra la supresión de la paga extra de los funcionarios que admite el Alto Tribunal. El pasado 29 de mayo, ya admitió a trámite otra cuestión de inconstitucionalidad formulada contra la misma norma y por los mismos motivos por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.