En la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012, presentada este lunes en la apertura del año judicial, se expone que las demandas de este tipo se han convertido en “algo ordinario” lo que se pretendía “restrictivo y excepcional”, con la consiguiente sobrecarga “para la estructura organizativa y de medios del Ministerio Fiscal”.

En el informe, se reconoce que esta estructura se encuentra “ciertamente poco preparada, hasta el extremo de no ser pocas las Fiscalías en las que la posibilidad material de atender al servicio en su integridad está seriamente comprometida”.

La Fiscalía denuncia además que tampoco existe “un filtro a través del cual los órganos judiciales puedan depurar el encauzar la demanda a través del procedimiento especial de derechos fundamentales, lo que lleva a que en un abrumador número de casos sea desestimada”.

En su mayoría, los derechos fundamentales que se alegan están relacionados con la garantía de indemnidad y tutela judicial efectiva, y en menor medida con la baja por enfermedad.

Ante la abundancia de casos con irregularidades en el despido, la Fiscalía afirma que “no es extraño que se vean obligados a acudir tan solo a aquellas vistas en que la propia demanda evidencia en cierta forma que la alegación de vulneración de derecho fundamental tiene un mínimo sostén”.