La juez dictó un auto por el que, en virtud del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comunica “la existencia del procedimiento” abierto sobre el escándalo de los EREs a una serie de “personas que reúnen la condición de aforados”, como son los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros.

“Con el máximo respeto a la independencia judicial y a la labor de los tribunales, lamentamos profundamente que se haya dictado un auto que, sin afectar a la situación jurídicas de las personas señaladas ni imputarlas, ha generado una enorme confusión”, dijo Soraya Rodríguez, para quien el auto supone “una imputación mediática que afecta gravemente a la reputación de estas personas”.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez hizo hincapié en que “el auto no imputa a ninguna persona” y, por lo tanto, “no hay ningún cambio” en la situación jurídica de Griñán y de Chaves.

“El auto del juzgado lo dice expresamente: ‘La proveyente, como juez de instrucción, no puede realizar ningún juicio formal de imputación o inculpación’”, señaló la portavoz del PSOE en la Cámara Baja.

Es más, añadió la diputada socialista, “ni tan siquiera inicia el procedimiento ante el tribunal competente para iniciar la imputación de las personas señaladas”, para lo que es necesario elevar un escrito haciendo una exposición razonada de los indicios que a su juicio existen para llegar a tal extremo.

Por estas razones, Soraya Rodríguez se preguntó “qué persigue” la juez Alaya con este auto, pues lo que les comunica es la existencia del citado procedimiento y les informa de la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa, “que no se puede ejercitar frente a acusaciones que no se formulan”.