Según informó este sábado el comité en un comunicado, el grupo nacionalista catalán se ha hecho eco de la “insistente" demanda del movimiento asociativo de la discapacidad representado por el Cermi y ha promovido esta iniciativa en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

La posibilidad de retirar el derecho a voto está prevista en la legislación electoral y afecta a más de 80.000 personas con discapacidad (con discapacidad intelectual o con enfermedad mental o psicosocial, fundamentalmente).

Esa posibilidad, señala el Cermi, “es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, lo que significa que en nuestro país se vulnera en este punto el Derecho Internacional en materia de derechos humanos”.

El Cermi espera que todos los grupos del arco parlamentario y el Gobierno se sumen a esta proposición y que esta constituya el prolegómeno de una iniciativa normativa de modificación de la vigente Ley Electoral que se vea culminada en esta legislatura.