Este aspecto fue recalcado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien compareció tras el Consejo de Ministros para explicar el contenido del Reglamento, del que dará cuenta en las próximas semanas a los colectivos de víctimas.

El ministro, tras asegurar que España es un “referente europeo y mundial” en la “atención integral” a las víctimas, hizo hincapié en que su departamento ha querido impedir que ningún terrorista se beneficie de ayudas que corresponden a las víctimas.

En este sentido, ETA y su entorno pretenden trasladar desde años que los miembros de esta banda criminal son objeto de la violencia de las Fuerzas de Seguridad. La llamada izquierda abertzale ha venido insistiendo también en equiparar a las víctimas con los terroristas por la existencia de lo que denominan como “conflicto”.

SIN “RESQUICIO LEGAL”

A este respecto, Fernández Díaz explicó que su equipo ha puesto especial cuidado en que el Reglamento aprobado este viernes suponga “cerrar la puerta” a que los terroristas se beneficien de las ayudas de las víctimas. Para ello se ha pretendido eliminar “cualquier resquicio legal” para que esto suceda.

El responsable de Interior indicó que esto afecta también al capítulos de los amenazados por bandas terroristas, que con pasan a estar amparados en este Reglamento. Destacó que esto no incluye a los a que se sientan amenazados por las Fuerzas de Seguridad, en referencia al entorno de ETA.

El ministro informó de que para la elaboración de este Reglamento han dialogado con los colectivos de víctimas; con el PSOE y otros partidos; y con el Gobierno vasco. Destacó el hecho de que la Ley de Víctimas fue aprobada con el consenso del Congreso y también explicó que el Reglamento se ha aprobado dos años después de la ley porque había de haber cambios legales, como especificar que los amenazados por terroristas pueden ser objeto de ayudas.

Con el desarrollo legal aprobado este viernes, los amenazados podrán recibir ayudas para trasladarse de localidad; cambiar de vivienda; escolarizar a sus hijos; o para recibir tratamiento psicológico. Para ser considerados como tales, los amenazados deberán documentar que su caso ha sido juzgado o fruto de pesquisas judiciales.

MÁS DINERO

Por otra parte, otras novedades del Reglamento son que se incrementan las indemnizaciones por daños materiales; se eleva el límite cuantitativo de las ayudas psicológicas; y se mejora la regulación de las ayudas educativas y psicopedagógicas.

En concreto, en cuanto al tratamiento psicológico, se eleva de 3.000 a 3.600 euros el tope para cubrir el tratamiento psicológico para las víctimas y amenazados y sus familias o personas con quienes convivan. Además, las ayudas educativas oscilarán entre 300 y 1.500 euros, en función del nivel de estudios.

Asimismo, el ministro informó de que su departamento calcula en 77,5 millones de euros la cantidad extra que puede llegar a pagar su Gobierno a víctimas que cobraron en su momento unas indemnizaciones que ahora se han incrementado.