En el año 2002 la ARMH llevó a cabo la primera denuncia sobre las desapariciones forzadas de la dictadura franquista ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por lo que en el año 2003 el Estado español apareció por primera vez en el informe sobre desaparición forzada de la ONU. Ese Grupo de Trabajo sobre desaparecidos, con sede en la ciudad suiza de Ginebra, viajará el próximo mes de septiembre para realizar un informe sobre la situación de los desaparecidos y el nivel de cumplimiento, por parte del Gobierno español, de la Convención contra la Desaparición Forzada.

Según Amnistía Internacional, el Estado español es el segundo del mundo en número de desaparecidos, después de Camboya, con 113.000 hombres y mujeres que fueron detenidos ilegalmente por las fuerzas franquistas y todavía permanecen en paradero desconocido. Esa realidad choca con la pasividad de las instituciones del Estado, en especial con el Poder Judicial que se ha convertido en un muro que impide a las víctimas el acceso a sus derechos.

“La ARMH comenzó sus exhumaciones científicas en el año 2000 y desde entonces ha exhumado decenas de fosas comunes y ayudado a miles de familias a tener alguna información respecto a lo que les ocurrió a sus seres queridos”, afirma esta organización en nota de prensa.

La Asociación recuerda que el gobierno de Mariano Rajoy hizo público un comunicado el año pasado señalando su compromiso con la búsqueda de desaparecidos: "La promoción y el respeto de los derechos humanos y lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España”.