En un comunicado, el CES advierte de que esto implica un mayor o menor margen presupuestario para instrumentar políticas económicas que, como mínimo, no dañen el crecimiento económico.

El CES concluye que el método de cálculo del déficit estructural impide a las administraciones públicas adoptar medidas discrecionales de carácter contracíclico, una limitación que resulta especialmente gravosa en el caso español.

Según explica, en España la potencia de los estabilizadores automáticos del presupuesto, que dependen del tamaño del sector público, de la progresividad impositiva y del diseño anticíclico del sistema de seguridad social, es bastante más reducida que en los países de su entorno.

Por otro lado, denuncia que existen importantes diferencias entre el cálculo del Gobierno español y de la Comisión Europea. Así, mientras el Gobierno español calcula que para este año el déficit estructural será del 2,6%, la Comisión lo eleva en casi dos puntos, hasta el 4,4%.

Esta diferencia se agranda en las previsiones para el próximo año, cuando el Gobierno español confía en rebajar el déficit estructural a un 1,7%, mientras que Bruselas prevé un aumento de más de un punto, hasta el 5,5%.

La razón principal de la discrepancia tiene que ver con que la tasa de paro estructural que toma como referencia la Comisión es mucho más alta porque, a diferencia del Gobierno, considera que la caída de la actividad económica de los últimos años es en buena medida estructural, es decir, implica un menor crecimiento potencial y que, por tanto, la mayor parte del desempleo observado en España es estructural o lo que es lo mismo implica una destrucción permanente de puestos de trabajo.

El problema se agudiza, en opinión del CES, ya que en un sistema descentralizado se plantea la cuestión de cómo estimar el saldo estructural de las comunidades autónomas, que, en rigor, debería hacerse de manera individualizada dada la notable dispersión de las tasas de crecimiento del PIB real y la diferente estructura económica en cada una de ellas. En cambio, se emplea para todas ellas el mismo valor que para el Estado y las mismas elasticidades de ingresos y gastos.