Desde la compañía que preside Antonio Brufau, se “rechaza” que exista por su parte “una conducta comercial restrictiva de la competencia” y, además, considera que sus prácticas son “ajustadas plenamente al derecho de la competencia”.

Por ello, la petrolera anunció que ejercerá su derecho defensa en el marco de estos expedientes.

Según Competencia, Repsol está inmersa en los dos expedientes sancionadores que ha iniciado, uno por “posibles conductas bilaterales anticompetitivas” que consistirían en la coordinación entre los operadores en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial “sensible”; y otro por “posibles conductas anticompetitivas”, que consistirían en la coordinación en materia de precios entre cada uno de los citados operadores de productos petrolíferos y empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción”.

En el primero de estos expedientes, además de Repsol está Cepsa, Disa, Meroil y Galp mientras que en el segundo, junto a la petrolera que preside Brufau, están Cepsa y BP.