Un buen ejemplo de lo que significa la defensa de lo social y la promoción de la igualdad entre los colectivos más desfavorecidos es la Plataforma del Tercer Sector. Constituida en enero de 2012, está integrada por siete organizaciones: Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cáritas Española, Cruz Roja Española y ONCE.

Su labor está fundamentada y se centra en generar propuestas en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, profundizar en la cohesión interna del tejido asociativo en España, fomentar la participación ciudadana y el voluntariado, asegurar la interlocución social ante las administraciones públicas y ser creadores de opinión social, entre otros objetivos.

En opinión de Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, es imprescindible sensibilizar a la población sobre las desigualdades que sufren muchos colectivos. En este sentido, Poyato señala que “una posible solución es la colaboración y la implicación ciudadana, ya sea desde el voluntariado o desde otras formas de contribución a la comunidad”. En definitiva, se trata de abrir nuevas vías de participación para hacer frente a la coyuntura tan compleja por la que atraviesa España en la actualidad.

DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN

El trabajo de las entidades que conforman el Tercer Sector está sirviendo para mantener la cohesión interna del país y evitar, así, que los efectos de la recesión se hagan todavía más patentes en aquellas personas que se encuentran en situación de desventaja. Es por ello que estas organizaciones reclaman al Gobierno que se las tenga en cuenta a la hora de tomar medidas para salir de la crisis.

Por este motivo, uno de los principales objetivos de la Plataforma del Tercer Sector ha sido siempre el de mantener con la Administración un diálogo constante. Esta interlocución se hizo posible en febrero de 2013, gracias a la constitución de la Comisión para el Diálogo Civil, órgano adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que reconoce a la Plataforma del Tercer Sector como representante válido de la sociedad civil para presentar sus propuestas al Gobierno en materia de acción social.

Esta comisión representa el principal canal de reinvidicación de las entidades sociales para plantear sus inquietudes y preocupaciones. Asimismo, le otorga a la Plataforma del Tercer Sector un reconocimiento social, institucional y con alcance jurídico, clave en la defensa de los derechos sociales y en lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones, evitando que determinados grupos de población más vulnerables queden excluidos socialmente.

LEY DEL TERCER SECTOR

Entre sus demandas prioritarias, la Plataforma del Tercer Sector pide la aprobación de una Ley General del Tercer Sector que sea acorde con la realidad actual y dé respuesta a tantas y tan diferentes necesidades sociales. El desarrollo de un nuevo marco normativo es también un compromiso adquirido por el Gobierno, de forma que la legislación se adapte a la evolución del sector en los últimos años. En este sentido, la Plataforma del Tercer Sector se postula como impulsora del cambio y el progreso social para que quienes padecen desigualdades se sientan integrados en la sociedad.

En el actual contexto de crisis económica y de valores, la Plataforma del Tercer Sector se presenta, por lo tanto, como la propuesta de una ciudadanía que no quiere ser observadora pasiva de la realidad, sino que desea tener un papel activo a la hora de aportar soluciones a los problemas de la sociedad y defender los derechos de todos los ciudadanos.