Este aumento de 3.000 euros en la deducción vigente opera cuando los trabajadores tengan un grado de discapacidad comprendido entre el 33% y el 65%. Cuando se trate de trabajadores con un grado de discapacidad superior al 65%, la deducción se eleva a los 12.000 euros, lo que supone un incremento del 100% respecto a la cuantía vigente hasta ahora.

Esta mejora, planteada por el Cermi a los grupos parlamentarios y aprobada en el trámite del Congreso, significa, según el comité, "un mayor y más intenso estímulo para las empresas a la hora de contratar a personas con discapacidad, ya que de este modo rebajarán la carga fiscal que deben aportar al Estado a través del Impuesto de Sociedades".

Además, con este avance fiscal se incentiva la inclusión laboral de las personas con discapacidad en empresas ordinarias, pues son estas las que mayoritariamente están sometidas a este impuesto sobre los beneficios empresariales.

El Cermi ha agradecido a los grupos parlamentarios "la receptividad a sus propuestas en pro de la inclusión y la activación laborales de las personas con discapacidad y en particular al Grupo Catalán (CiU), que con más intensidad ha trabajado por la consecución de esta mejora fiscal".