Ahora, el informe elaborado por la Ponencia se debatirá y votará, junto con las cerca de 300 enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios, el próximo 31 de julio en la Comisión Constitucional.

Este órgano, con el informe y las enmiendas aprobadas, deberá elaborar un dictamen que se votará en el Pleno de la Cámara Baja en septiembre. Posteriormente, se remitirá al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria.

Al finalizar la reunión de la ponencia, el diputado del PP Estaban González Pons aseguró ante los medios de comunicación que la sociedad española tendrá una ley “completa, moderna y avanzada” al tiempo que lamentó la ausencia del PSOE en este trámite parlamentario.

El PSOE decidió marcharse de la ponencia de la Ley de Transparencia ante la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en el Congreso cuando los socialistas lo solicitaron.

“No voy a criticar a los socialistas por haber faltado al trabajo, pero es una lástima que la Ley de Transparencia se apruebe sin ellos, simplemente porque están enfadados por algo que no tiene nada que ver con el derecho de los ciudadanos”, remachó González Pons.

Una de las novedades más importantes que incluye el informe de la ponencia es que aquellas entidades privadas que reciban más de 100.000 euros de dinero público por cualquier vía y de todas las administraciones del conjunto o en el que el 40% de su financiación proceda de fondos públicos, quedarán sometidas a la Ley de Transparencia.

SATISFACCIÓN

El diputado Jordi Janè (CiU) valoró “positivamente los avances que se han producido en la ponencia de este proyecto de ley” tanto en el ámbito competencial, pues realiza una “salvaguarda” de la normativa autonómica “que existe o que pueda existir”, como en el ámbito de las entidades privadas.

Por su parte, el diputado Emilio Olabarría (PNV) manifestó que la “satisfacción” por los avances que se han dado en la ponencia de la Ley de Transparencia