En su comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Burgos subrayó que es “muy importante” que la nueva regulación esté aprobada “cuanto antes”, por lo que consideró que “tenemos que ser ágiles”.

Según apuntó el secretario de Estado, en la actualidad hay ya 518 expedientes de petición de acceso a la pensión de jubilación y de incapacidad permanente que están “bloqueados” a la espera de la nueva regulación.

Estos casos corresponden con las peticiones formuladas y que con la anterior regulación serían rechazados, por lo que se mantienen congelados hasta que se pueda analizar si tras la reformas cumplen con los requisitos que se establezcan.

Sin embargo, Burgos recordó a que, aunque en “situaciones extraordinarias como la actual” el plazo de bloqueo de los expedientes se puede ampliar, se corre el riesgo de que estos casos acaben desestimados por silencio administrativo, lo que podría llevar a la apertura de nuevas reclamaciones ante la justicia.

De ahí que el responsable de Seguridad Social reclame a los grupos parlamentarios agilidad en las negociaciones.

Sobre la propuesta planteada por el Ejecutivo, que abre la puerta a que los trabajadores a tiempo parcial puedan acceder a la jubilación con menos de 15 años de cotización reconocida, siempre y cuando lleven 15 años de alta en la Seguridad Social, Burgos defendió que los cambios darían acceso a la prestación al 40% de los casos desestimados con el modelo anterior.

No obstante, agregó que ésta “no es la única propuesta posible” y subrayó que el Gobierno “está abierto a configurar el modelo que pueda concitar un mayor consenso”.

En este sentido, advirtió que, aunque ampliar los derechos es algo “loable”, la mejora del acceso de los trabajadores a tiempo parcial no puede suponer “una discriminación” sobre el resto de ocupados.

“Sería injusto darles un trato de favor”, añadió Burgos, quien insistió en que “una ampliación desproporcionada de derechos sólo puede producir daños irreparables” para el sistema de Seguridad Social.

La alternativa planteada por el Ejecutivo propone establecer un ‘coeficiente de parcialidad’ a cada trabajador en función de la jornada realizada en comparación con un ocupado a tiempo completo.

Por ejemplo, en el caso de un trabajador que ha estado dado de alta durante 15 años en la Seguridad Social, diez de ellos a tiempo completo y cinco a tiempo parcial con una jornada reducida a la mitad; los cinco años a tiempo parcial se reducirían en un 50% (correspondiente con la jornada realizada) y equivaldrían a dos años y medio, de manera que el tiempo total cotizado sería de 12 años y medio.

En este caso, el ‘coeficiente de parcialidad’ sería la división del periodo reconocido sobre el total de tiempo en alta, es decir, 12 años y medio entre 15 años, lo que supone un 0,83. Este coeficiente se aplicaría a la hora de establecer si el trabajador cumple con los requisitos mínimos de jubilación.

También se utilizaría para establecer la base reguladora de la cuantía de la pensión. Según explicó Burgos, el Gobierno y los agentes sociales han establecido que la reducción de la cuantía será del 50% en el caso de la cotización mínima, y se incrementará con la escala que se aplicaba hasta ahora (0,19 puntos por cada mes los primeros 248 meses, y 0,18 a partir de entonces).

Así, para un trabajador con un ‘coeficiente de parcialidad’ como el del ejemplo, del 0,83%, si se le reconoce una cotización de 12 años y medio tendrá una pensión del 50% de su base reguladora, mientras que si tiene reconocidos 15 años será del 55,7%.

Esta propuesta fue recibida de distinta manera por la oposición. Por ejemplo, la portavoz del PSOE en la comisión, Isabel López i Chamosa, consideró que “se aparta de lo que plantea el Constitucional” y llevaría a una nueva sentencia contraria por parte de este tribunal; mientras que desde el PNV, Emilio Olabarría consideró que “no es una mala fórmula”.