Durante la presentación de resultados a los analistas, Sánchez Galán dijo que el cambio normativo pone fin a un “largo periodo de incertidumbre y de regulaciones parciales” pero con un paquete de medidas para eliminar el déficit de tarifa –la diferencia entre el coste y en los ingresos del sistema eléctrico en España- que, a su juicio tiene una serie de “limitaciones”.

En su intervención, reiteró sus críticas al elevado pago que se realiza a energías renovables “inmaduras” como la solar y remarcó que el “principal causante del déficit es el crecimiento exponencial de primas a tecnologías inmaduras que sólo aportan el 4% de la energía y encarecen en 30% el coste de producción del sistema”.

Por su parte, el número dos de la compañía, el consejero y director general José Luis San Pedro, afirmó que los dos aspectos más “negativos” de la norma son la limitación del 50% de la transferencia de costes regulados de los sistemas extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado (900 millones de euros) y la falta de una guía de una política energética.

En este sentido, San Pedro dijo tajantemente que el responsable “fundamental” de este déficit es el Gobierno, y, sin embargo, su aportación es “muy inferior” a las consecuencias derivadas de la “mala política del pasado”.

Además, Sánchez Galán remarcó el “impacto de fuerte incremento de tributos” es una de las principales consecuencias de que la compañía, en los seis primeros meses de 2013, tenga un beneficio neto de 1.728 millones de euros, lo que supone un 2% menos que en el mismo periodo anterior.