Gallardón se refirió a este asunto en la sede de su ministerio y tras presidir la entrega de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a los últimos cuatro exfiscales generales del Estado.

Tras este acto, el ministro fue preguntado por el hecho de que el Supremo haya condenado a Matas a nueve meses de prisión por tráfico de influencias. No obstante, el Alto Tribunal le ha rebajado la pena desde los seis años de cárcel que le impuso la Audiencia de Palma y le ha eximido de los delitos de malversación y prevaricación.

A este respecto, Gallardón dijo “el Gobierno, como hace con cualquier resolución judicial, lo único que traslada es su máximo respeto” por esta resolución y traslada “su invitación a todos los ciudadanos a la confianza en la Justicia”.

“Vivimos en un Estado de derecho y eso significa que las conductas que vulneran la ley no quedan impunes”, señaló el ministro, quien añadió que “a quien le corresponde determinar si se ha producido esa vulneración de la ley y en qué gravedad se ha producido no es al poder político”, sino a los jueces.

Por este motivo, concluyó que cualquier resolución judicial “es una muestra del normal funcionamiento de nuestro Estado de derecho”.