En su opinión, esta situación vulnera los derechos legalmente reconocidos a los profesionales sanitarios (principalmente su derecho a la libertad de prescripción) y a los pacientes (al vulnerarse el principio de autonomía y el de relación con los profesionales sanitarios).

"La libertad de prescripción del médico es uno de los principales derechos legalmente reconocidos de este profesional sanitario, sin deber limitarse, en general, este derecho y permitiéndole prescribir aquel medicamento que, dentro de la prestación farmacéutica, entienda más apropiado para cada

paciente. La sostenibilidad financiera del sistema depende de todos los agentes que intervienen en la misma y son precisamente los facultativos aquellos que mediante una prescripción adecuada, ajustada y responsable mejor pueden llevar a la consecución de este objetivo, tal y como se viene produciendo en la práctica clínica actual" afirman en un comunicado.

Por último, concluyen que "el hecho de los diversos factores VIII recombinantes compartan el mismo grupo terapéutico no supone ni puede suponer, tal y como está legalmente reconocido, que sean medicamentos sustituibles".