La Comisión, que tiene con competencia legislativa plena por lo que el texto queda aprobado como si acudiera al Pleno, respaldó la norma tras rechazar todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios salvo las del Partido Popular. En la votación, la ley obtuvo 23 votos favorables, 3 en contra y 14 abstenciones. Ahora, el texto es remitido al Senado.

El pasado 30 de mayo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió esta norma de las enmiendas a la totalidad y anunció los cambios acordados con el Gobierno de Canarias. Afirmó que, finalmente, las centrales hidroeléctricas de bombeo en los sistemas insulares como el de Canarias “no se traspasarán a Red Eléctrica”, como constaba en el borrador de la norma que llegó a las Cortes.

El titular de Industria aclaró que “para las instalaciones que incorporen un bombeo y tenga autorización administrativa, o que sea concesionaria de un aprovechamiento hidráulico, se le fijará un calendario de ejecución y sólo si lo incumplen se les traspasará a Red Eléctrica. La titularidad, de acuerdo a este enmienda, de REE, será sólo será en el caso de que lo autorice la Comisión Europea”.

En el proyecto inicial, el Ejecutivo justificaba que dada la “importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en los SEIE (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares) para garantizar la seguridad de suministro”, la titularidad de estos activos corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, respectivamente.

Para el Gobierno, esta norma aumenta la eficacia de estos sistemas, procura que haya más operadores de los existentes, aumenta la seguridad ante posibles riegos, que haya nuevas instalaciones de generación y distribución, optimiza el coste de los combustible y asegura los bombeos en estos sistemas.

Durante el debate en la Comisión este martes, algunos diputados criticaron el trato parlamentario de esta norma. El diputado socialista José Segura trató la “escasez” parlamanteria del texto y la diputada de ICV Laia Ortiz denunció que en un sector tan estratégico como el energético se esté legislando “a golpe” de real decreto ley.