En concreto, según explicó Ferrer en un encuentro informativo, hay un total de 599.072 trabajadores en esta situación debido a que los empresarios de los que dependen se niegan a negociar la renovación del convenio.

De estos casi 600.000 trabajadores, casi la mitad, 279.238, están en una situación en la que los representantes empresariales se niegan a negociar, mientras que en el caso de los 319.834 restantes, la mayoría cubiertos por convenios de empresa, no hay ninguna información sobre posibles negociaciones. De esta cifra, 129.723 corresponden al sector público y 469.349 al privado.

Ante esta situación, el dirigente sindical advirtió a empresas y patronales de que en muchos de estos casos no es cierto que el convenio haya decaído, sino que estos acuerdos incluyen cláusulas de renovación automáticas, por lo que no pierden su vigencia.

Además, recordó que más allá de la limitación de la ultraactividad, los empresarios tienen que cumplir también con el "deber de negociar", algo que en estos casos están vulnerando.

Por esta razón, aseguró que en el momento en el que una empresa o patronal pretenda que el convenio ha decaído, los sindicatos presentarán "automáticamente" una denuncia.

El dirigente de UGT criticó que estos representantes empresariales consideran que el límite a la ultraactividad de los convenios es "un sueño de verano", pero advirtió de que "si no negocian, habrá acción sindical, movilizaciones y pleitos judiciales", e insistió en que las empresas "no pueden olvidarse del deber de negociar".

Junto a estos 600.000 trabajadores hay otros 765.952 ocupados que también están en riesgo de perder el convenio por la aplicación del límite en la ultraactividad, aunque en estos casos sí que se está desarrollando una negociación.

No obstante, advirtió de que la prórroga de la negociación no es la solución, sino que es un parche "coyuntural", ya que nos llevaría a una situación similar a la actual en unos meses.

BLOQUEO

Ferrer denunció que durante el pasado año y en el primer semestre de este ejercicio, las organizaciones empresariales "no sólo se han negado a negociar y han bloqueado el proceso, sino que apostaban claramente por que el 8 de julio suponía la caída de los convenios".

No obstante, destacó que "la presión y la movilización de los sindicatos ha hecho que esa posición ventajista quedara totalmente reducida". Así, consideró que, "pese a que hay situaciones en las que (las organizaciones empresariales) persisten en esa posición de no cumplir con el deber de negociar", se ha avanzado en la solución de esta situación, y admitió que el papel de CEOE y Cepyme "ha sido positivo" desde el mes de abril.

En concreto, apuntó que de los 1.882 convenios con más de 3,5 millones de trabajadores afectados que había en el mes de abril, "quedan 1.236 que afectan a 1.365.000 personas", lo que supone que se ha logrado una solución para "más de dos millones de trabajadores en un plazo muy corto de tiempo".

En su opinión, estos avances "son fruto de la acción sindical", y recordó que el camino recorrido "no ha estado exento de procesos de movilización". También valoró la actuación de las organizaciones patronales, que por fin "han asumido su papel de agente social".

Además, según los datos de UGT, hay 101 convenios que han decaído y que afectan a 65.177 trabajadores. No obstante, éstos son casos en los que el convenio se ha adherido a otro o casos en los que las empresas habían desaparecido.

Según Ferrer, la parte privada está encarrilada en el ámbito sectorial, ya que los convenios en riesgo se han reducido de manera "importante", aunque admitió que "aún quedan algunos pendientes".

Donde se concentran las situaciones de riesgo son en los convenios territoriales y de empresa, por lo que considera que la negociación colectiva a nivel sectorial "cobra más relevancia como papel protector para que no haya vacíos de cobertura".

Así, explicó que tratarán de incluir en los acuerdos sectoriales materias como la referida a los salarios o a la jornada de trabajo que, según la última reforma laboral, son exclusivas de los convenios de empresa. La intención de los sindicatos es incluir estas materias en los convenios sectoriales para que se apliquen sólo en caso de vacíos de cobertura por la desaparición del acuerdo de empresa.

Ferrer se refirió en concreto a la situación del sector de empresas de trabajo temporal (ETT), con el añadido de que estas compañías "cumplen una función social y tienen una regulación específica", en el que las patronales Asempleo y Fedett "han apostado por el decaimiento de los convenios". En este caso, instó a las organizaciones empresariales a que "dejen sus problemas internos y acudan a la mesa de negociación".

Además, subrayó que esta situación supone una "sombra" sobre estas empresas y añadió que "no puede haber confianza con patronales que apuestan por recortar los derechos". "¿Qué confianza puede haber con los trabajadores que pongan a disposición" las ETT?, se preguntó.

Por último, advirtió al Gobierno central y a las comunidades autónomas de que "no pueden lavarse las manos" ante esta situación, por lo que instó al Ejecutivo a que "recapacite y reconduzca la limitación de la ultraactividad".