El decreto-ley, de 9 de abril de este año, modificaba algunos artículos de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y contenía una disposición adicional segunda con el objeto, según la Junta, de garantizar el "el cumplimiento de la función social de la vivienda".

El decreto permitía expropiar temporalmente los inmuebles propiedad de entidades financieras de los que se fuera a desalojar a los residentes por impago de la hipoteca.

Esta posibilidad queda ahora suspendida durante un máximo de cinco meses, debido a que es el Gobierno central quien ha presentado el recurso, hasta que el Constitucional se pronuncie de forma definitiva sobre la normativa andaluza.