Según la SEC, se trata de las píldoras anticonceptivas compuestas por drospirenona y etinilestradiol, pertenecientes al grupo de las denominadas 'de última generación', de las más modernas de las que se cubrían hasta ahora con dinero público y que vienen siendo utilizadas por más de 2 millones de mujeres mensualmente.

La asociación considera que “es una regresión social de décadas que perjudica a una población muy vulnerable y frena la prevención de embarazos no deseados”.

A juicio de la SEC, la exclusión acordada por el Gobierno se fundamenta más en razones económicas que sanitarias. Asimismo, denuncia "la inexistencia de alternativas que, con el mismo nivel y eficacia, aporten los beneficios anticonceptivos” de las píldoras excluidas de la financiación pública.