Según Greenpeace, esa petición de ampliación consiste en la inclusión de la orden de cese definitivo aprobada por el Ministerio de Industria el pasado viernes. Ante este hecho, la organización anunció que tomará las acciones legales oportunas para que no prospere ninguna medida que pretenda evitar el cierre de la central nuclear.

"Se ha vulnerado total y absolutamente la seguridad jurídica y la participación pública, en materia nuclear y medioambiental", declara Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. "Además, el Ministerio de Industria va a ser reincidente porque está tramitando de manera anormal una directiva europea en materia de seguridad nuclear".

Asimismo, Greenpeace recibió hoy la solicitud de comentarios para una "segunda vuelta" en la adaptación a la normativa española de la Directiva 2011/70/Euratom. Según afirma, en esta normativa de proyecto de real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y otros residuos radiactivos, se incluye desde el pasado viernes un párrafo específico que podría permitir la renovación de la licencia de Garoña.

La organización ecologista ya está trabajando en la elaboración de las alegaciones a este proyecto. "En la orden de cierre de la accidentada nuclear de Vandellós, el Ministerio de Industria justifica el cierre definitivo por motivos económicos, y 23 años después, el mismo Ministerio justifica la reapertura de la nuclear de Garoña por motivos económicos", concluye Montón.