En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos indicó que esta norma, que aún requiere de trámite parlamentario, podría suponer el incremento 1,52% del PIB en diez años por la actividad económica que generará, unos 1.500 millones anuales.

El titular de Economía afirmó que, en paralelo a esta ley, hay un desarrollo de racionalización normativa. Afirmó que se han detectado cerca de 6.000 normas que, en 28 sectores, tienen impacto en la economía. Se estudiarán y se impulsarán propuestas para reducir esta cantidad de normas.

Guindos insistió en que la norma ha pasado por un “proceso amplio, profundo y extenso de consultas” ya que se trata de una “norma fundamental” debido a que en “España existe fragmentación de mercado” por las CCAA, lo que “afecta especialmente a las pymes”.

Por ello, el titular de Economía insistió en que esta ley, sobre todo por el “pasaporte único”, lo que va a hacer es “favorecer” la actividad empresarial de operadores, más reducidos y de menor capacidad económica.

Economía señala que el establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España.

Guindos reconoció que Cataluña y Andalucía presentaron algunas objecciones a la norma pero que fueron contestadas por el Consejo de Estado.

El ministro explicó que, según las estimaciones, la aplicación de esta norma podría incrementa en diez años el Producto Interior Bruto (PIB) hasta un punto y medio.

Según detalla el Departamento de Economía, la aprobación de esta ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años. El aumento sería aproximadamente del 0,15% PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

Además de la licencia única, la ley recoge como novedades que se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas, así como que se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.

También se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino.

La nueva ley legitima a la futura CNMC para recurrir en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.

El titular de Economía aseguró que “siempre, desde los primeros borradores” constaba que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sería quien presidiría la Comisión de Unidad de Mercado.

Preguntado por si se han producido discrepancias con las comunidades autónomas con lengua propia para el etiquetado, Guindos indicó que “no era un obstáculo básico”.