Según informa Anave, dichas demandas se basarían en que la Dirección General de Tributos autorizó las operaciones caso a caso y en el principio jurídico de confianza legítima.

Para Utor, si la Comisión Europea decide finalmente, el próximo 17 de julio, que se devuelvan la totalidad de las ayudas, de unos 2.000 millones, sería “un grave atentado a la seguridad jurídica”.

Por ello, Anave pide que, en todo caso, se devuelvan las ayudas prestadas a partir de septiembre de 2011, momento en que se abrió el expediente. Esta fue la fórmula aplicada cuando Francia cambió el sistema de ‘tax lease’.

Además, Anave señala que dos tercios de los buques fabricados gracias a este régimen de ayudas fueron para empresas extranjeras. Así, del total de 272, 180 fueron para el extranjero y 92 para España.

Por último, denuncia que si se devuelven todas las ayudas se verán afectados armadores, inversores, bancos, astilleros y el Estado español.