López Garrido compareció en rueda de prensa en la sede ministerial después de haber declarado este viernes ante el juez Marcelino Sexmero a raíz de la querrella presentada por el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, que sostiene que el secretario de Estado cometió dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al dar ayudas a la fundación de la que era miembro.

Según dijo, la querella "no tiene fundamento alguno" porque el 21 de abril de 2008 envió a la Fundación Alternativas una carta a de dimisión como patrono que fue recibida y aceptada en "en la junta regular del 10 de junio" de ese mismo año.

Destacó que se trata de una "fecha anterior a la de las subvenciones" concedidas, ya que la primera se aprobó el 22 de julio de 2008 y la segunda llegó en 14 de mayo de 2009.

López Garrido afirmó que la carta original con su dimisión está guardada en la Fundación Alternativas, que en la documentación aportada ante el juez "certifica que efectivamente se envió el 21 de abril" de 2008, nada más ser nombrado secretario de Estado y antes de conceder cualquier ayuda.

Subrayó que, en cualquiera de los casos, el procedimiento de adjudicación de las subvenciones "se ha ajustado estrictamente a la legalidad" puesto que las ayudas tenían como objetivo contribuir a "trabajar por Europa" desde este tipo de organizaciones.

PRESIDENCIA DE LA UE DE ÉXITO

Además, señaló que este asunto "en absoluto" le tiene preocupado ni le ha quitado horas de trabajo de su responsabilidad de preparar la Presidencia española de la UE, que comienza el 1 de enero de 2010 y se desarrollará hasta el 30 de junio de ese mismo año.

"No he dedicado ni un minuto de mi agenda regular a este tema, he trabajado intensamente y tengo que reconocer que no me ha quitado ni un minuto de sueño porque yo confío absolutamente en la Justicia", dijo antes de augurar que la Presidencia española de la UE será un semestre "de éxito y de responsabilidad".

Finalmente, López Garrido confirmó que el Abogado General del Estado, Joaquín Fuentes, es quien está llevando su defensa ante la Justicia y quien va a solicitar que el "sobreseimiento y archivo de las diligencias previas" al entender que el contenido de la querella del Centro Tomás Moro no tiene consistencia.