Según explica el Cermi en una carta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el proceso de reforma que el Ejecutivo ha abierto para la Administración “es una oportunidad para ir haciendo efectivos los derechos de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades y eliminar toda discriminación directa e indirecta”.

“El objetivo de la Administración es también y primordialmente mejorar la igualdad y la calidad de vida de los ciudadanos”, opina el Cermi.

En este sentido, según expone el Comité, la reforma de la Administración pública debería servir también para asumir “con convicción” la dimensión social, a favor de la inclusión, el bienestar y los derechos de los grupos sociales más vulnerables”; al mismo tiempo que debería incorporar la atención y la gestión de la diversidad como uno de los principios rectores de la acción pública, en contra de cualquier situación de exclusión.

Asimismo, el Cermi considera que este nuevo enfoque debe traducirse en una Administración accesible, exenta de barreras y obstáculos, abierta e inclusiva con las personas con discapacidad, “que no reste posibilidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, ni merme su participación plena en la gestión de los asuntos o en el acceso a los servicios públicos”.

Además, agrega, esta nueva configuración administrativa debe estar al servicio de los objetivos de inclusión y bienestar, a través de la dimensión social de la contratación pública o de la asunción de la responsabilidad social de las administraciones públicas.