Este es fue el principal anuncio hecho por el ministro durante su respuesta al diputado Ricardo Sixto, de La Izquierda Plural, que le interpeló sobre la continuidad y funcionamiento de estos centros y sobre la aprobación del citado reglamento.

Fernández insistió en que el redesarrollo reglamentario de la ley es “complejo”, razón por la cual su elaboración acumula más de año y medio de retraso. Anunció, sin embargo, que su presentación está cercana y que el texto ha sido “consensuado” y es “transparente”.

Sixto arremetió contra el sistema de CIE y pidió en cierre definitivo de unos centros que son “cárceles encubiertas" que "atentan contra los derechos humanos" y que acumulan denuncias por torturas y malos tratos.

Según denuncia la formación de izquierdas, en la actualidad son ocho los CIE que existen en España y diversas organizaciones políticas, sociales, instituciones públicas nacionales e internacionales vienen solicitando el cierre de estos centros.

El diputados comenzó enunciando que las “redadas” policiales entre la población extranjera, aspecto que el ministro desmintió rotundamente por estar expresamente prohibido en la legislación española. “No hay cuotas de detención de inmigrantes para la Policía. Están expresamente prohibidas y hay una circular que las regula”, aseguró el titular de Interior.

En segunda instancia, La Izquierda Plural pide la reforma de estos centros, sin perder de vista que su objetivo final es el "cierre progresivo" de estas instalaciones. Pide mientras tanto su sustitución por otros modelos "que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos extranjeros insuficientemente documentados".

IU reclama adecuadas condiciones sanitarias para evitar casos como el de la congoleña que falleció en el CIE de Aluche por meningitis, un programa de actividades para que “mirar las paredes” no sea lo único que pueden hacer las personas allí recluidas y, sobre todo, que los funcionarios que atienden las instalaciones no sean policías o que, en todo caso, que éstos reciban formación adecuada.

Sixto recurrió a informes independientes para denunciar el “hacinamiento” de los internos, las condiciones de vida “infrahumanas” y la “especial gravedad” de la situación en que se encuentran las instalaciones.

El ministro negó el carácter carcelario del CIE y aseguró que sólo los jueces decretan el ingreso como medida cautela para asegurar la expulsión del inmigrante sin papeles, algo que IU “contradictorio” a la vista de que casi la mitad los procedimientos no han culminado en expulsión.

La presentación del reglamento para estos centros está pendiente desde 2009. Además hay un mandato parlamentario de febrero de 2012 que reclama al Gobierno el desarrollo del Reglamento para garantizar su correcto funcionamiento y mejorar las condiciones de los internos en un plazo no superior a seis meses.

Fernández Díaz aseguró hoy que en el nuevo reglamento se especificará que el Cuerpo Nacional de Policía se encargará sólo de la seguridad de los centros, mientras que la atención de internos será acometida por personal especializado.