El informe elaborado por los expertos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), recogido por Servimedia, asegura tajantemente que la Constitución española de 1978 establece que el Gobierno central es el único con "competencia exclusiva para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

Los expertos afirman que del artículo 149.1.32 de la Carta Magna, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y de la Ley Orgánica sobre Regulación de las Distintas Modalidades de Referéndum "debe entenderse como reserva al Estado del conjunto de la institución del referéndum".

No obstante, aduce que la normativa establecida en la Loreg no interfiere en las "competencias reconocidas a las comunidades" en sus respectivos estatutos de autonomía y que, en materia electoral, han sido reguladas por las correspondientes leyes autonómicas. Sin embargo, el informe de la CORA subraya que "a día de hoy sólo Cataluña carece de ley electoral autonómica".

Por lo tanto, advierte de que "corresponde a la Dirección General de Política Interior el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio del Interior sobre los procesos electorales y consultas populares de ámbito estatal".

La reforma de la Administracion propone algunos cambios tras haber detectado "deficiencias de gestión derivadas de una insuficiente determinación de la administración responsable de asumir ciertas tareas y los gastos que comportan".

Por ello, propone que en el futuro real decreto de regulación complementaria de los procesos electorales "se delimitarán responsabilidades de gasto en los supuestos de convocatoria de un proceso electoral autonómico y se reforzará la cooperación entre el Estado y las comunidades en la gestión de los procesos electorales".

En el caso de procesos electorales que coincidan en el tiempo, la CORA apuesta por "reforzar la cooperación" entre administraciones y suscribir un Acuerdo Marco de Colaboración al estilo de lo que se hizo en mayo de 2011 con la mayoría de las comunidades que celebraban elecciones autonómicas para compartir medios y ahorrar costes.