Entre las 217 medidas incluidas en el informe que han elaborado los expertos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) destaca la unificación de todas las oficinas autonómicas de cooperación al desarrollo para "simplificar procedimientos y potenciar la utilización compartida de infraestructuras en la medida de las posibilidades".

El documento de 253 páginas, recogido por Servimedia, aduce que si todos estos organismos autonómicos se integrasen en las Oficinas Técnicas de Cooperación de la Aecid, se podría "generar sinergias y favorecer la coordinación" en la ayuda el desarrollo que España presta actualmente a otros países, así como "evitar la dispersión y falta de complementariedad entre los diferentes actores".

Además, contempla la supresión de la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el desarrollo, que actualmente reúne al Gobierno central, a las comunidades y a las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

La CORA subraya que en la actualidad ya existe otro órgano prácticamente idéntico, por lo que recomienda extinguir esta Conferencia Sectorial "dada la similitud de funciones, composición y la escasez de reuniones".

De este modo, sólo se quedaría la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, que reúne a los mismos actores y realiza funciones prácticamente idénticas, con lo que se conseguiría "eliminar duplicidades".

Esta Comisión Interterritorial debería "asumir los principios de la planificación conjunta" y "dar cumplimiento a los principios de colaboración entre administraciones públicas, de acceso y participación a la información y aprovechar al máximo los recursos públicos".

"Ello contribuirá a una mayor eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de programas, proyectos y grupos de trabajo en el ámbito de la cooperación para el desarrollo", aduce la CORA.

Actualmente, todas las comunidades autónomas cuentan con un organismo propio de cooperación al desarrollo, desde que en 1998 se aprobase una nueva ley y se otorgase a través de la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo un papel relevante en el desarrollo de estas políticas.

La primera comunidad que desarrolló su propia normativa para realizar labores internacionales de cooperación al desarrollo fue Madrid en 1999 y la última Canarias en 2009.

En la actualidad, Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura y País Vasco cuentan con agencias propias de cooperación, mientras Valencia y Castilla-La Mancha han creado fundaciones para atender este mismo fin. Además, muchas corporaciones locales también desarrollan sus propias políticas en esta materia.