Las enmiendas parciales presentadas por ERC son un fiel reflejo de las propuestas que este grupo hizo en el debate de totalidad de la ley, en el que presentó un texto alternativo al del Gobierno, que fue rechazado.

El principio general que debe regir en materia de transparencia es que cualquier entidad que gestione o reciba dinero público debe estar sometida a la “fiscalización” del Parlamento y eso incluye a partidos políticos, pero también a la Casa Real y al Iglesia.

Todas las organizaciones o instituciones que tengan una financiación superior al 10% de los fondos que maneja debería estar sometida a este criterio, como también deben estarlo las empresas contratadas o subcontratadas por la Administración.

Además, cada organismo deberá informar claramente de su organigrama para que sea accesible a todos los ciudadanos, y dar cuenta de sus presupuestos, contrataciones, sueldos y agendas de sus directivos, adquiriendo la obligación de publicar “hasta la última factura de gasto” con los límites que marca la Constitución.

Tal y como viene reclamado Esquerra desde hace años, la Administración deberá hacer públicas las balanzas fiscales para que se pueda conocer cuánto aporta y cuánto recibe cada administración.

ERC persigue acabar con posibles “privilegios” de la clase política. Insiste en que se regule el uso de medios públicos de transporte, los viajes oficiales y los regalos institucionales. Y pide austeridad en los cargos públicos de manera que ninguno pueda ganar más que el presidente del Ejecutivo, como sucede ahora.

Esquerra cita expresamente el caso del presidente del Tribunal Constitucional que cobra un 25% más que el jefe del Gobierno. Pide, igualmente, que se supriman los tratos protocolarios y no haya “ni tratamientos de cortesía (Excelentísimos, Ilustrísimos y demás), ni tarjetas de crédito a disposición, ni coches oficiales, ni viajes en primera".