Así lo dijo durante el debate de la moción de su grupo parlamentario consecuencia de interpelación urgente sobre los propósitos del Gobierno “en relación a las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos”.

Tras argumentar que el aforamiento es un sistema “anacrónico”, Díez defendió que revisar este sistema no tiene nada que ver con suprimir la inviolabilidad e inmunidad de los cargos políticos electos para el desarrollo de su tarea y responsabilidad política, que ha de mantenerse.

“Lo que les proponemos es que reflexionen sobre la razón de mantener más de 10.000 aforados en España; porque les aseguro que esto es algo que se terminará haciendo más bien pronto que tarde, por muchas ínfulas que le pongan hoy, como hizo el ministro Gallardón la pasada semana, en su respuesta a esta iniciativa. Abandonen toda esperanza de que desistamos y no se olviden de que una vez que el genio ha salido de la botella, no hay nadie que pueda volver a encerrarlo en ella”, dijo.

Ricardo Sixto (IU) subió a la tribuna para defender la enmienda que su grupo parlamentario, La Izquierda Plural, ha presentado a esta moción, por entender que “las cosas tienen que evolucionar en el tiempo” y, en consecuencia, ciertos “privilegios” han de ir desapareciendo. Por esta razón, apoyarán una moción transaccional, que se votará mañana en el Pleno de la Cámara Baja.

No obstante, añadió que su grupo parlamentario no comparte el “discurso de antipolítica que destilan las 5 páginas de la exposición de motivos de la moción”. “Señora Díez, la política, no es intrínsecamente perversa. La política es uno de los más nobles artes que podemos ejercer los seres humanos”, defendió.

A raíz de la enmienda de La Izquierda Plural, UPyD ha propuesto una moción transaccional por la que se insta al Gobierno “a abordar, en el proceso de reforma constitucional y de la normativa vigente, la revisión de todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que se han reconocido a través de distintas leyes”.

Dicha moción transaccional insta a que “en todo caso y de pervivir algún supuesto de aforamiento, éste se limitará a aquellos hechos relacionados con el ejercicio de las funciones propias del cargo”.

CONFUSIÓN

Por otra parte, en el turno de fijación de posición, Agustín Conde (PP) dijo que no hay que “confundir la diferencia con el privilegio” y dijo que la moción defendida por Rosa Díez “no es sino el ejercicio demagógico que tiene por costumbre utilizar UPyD”.

Fue en este punto donde Conde echó en cara que Rosa Díez nunca ha renunciado al “privilegio” que supone ser beneficiara de la pensión como exparlamentaria europea, a lo que la líder de UPyD, le replicó que “nadie puede renunciar a una expectativa de derecho, más que en el momento que le llegue la oportunidad de cobrarla”.

El diputado del PP le respondió que “si hubiera estudiado segundo de derecho” sabría que a los derechos se puede renunciar y, por lo tanto, puede hacerlo respecto a la citada pensión “cuando quiera”.

Previamente intervinieron otros diputados como José Ignacio Sánchez Amor (PSOE) para quien el problema no es lo que plantea UPyD, sino “cómo” lo hace, “tan conscientemente”, en un tono tan “agresivo y desenfocado que perjudica que ese debate se pueda abrir”. Le recordó que “el aforamiento es una garantía de eficacia de la función representativa”.

Por su parte, el diputado de CiU Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU) dijo que lo que no se puede hacer es, como hace UPyD, “dar soluciones facilonas a situaciones extraordinariamente complejas y complicadas”. Acusó a la formación magenta de volver “a lo de siempre, a la antipolítica”. “Y esto, señores, no funciona así”, añadió.

Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) manifestó que la moción de UPyD “raya en el arbitrismo”.

La moción inicial de UPyD pedía al Gobierno que impulse la eliminación de los supuestos de aforamiento previstos en la Constitución en el “próximo proceso de reforma constitucional” y que se sometan a “revisión en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias”.

Asimismo, pedía que mientras no se realiza la reforma constitucional que reclama y en un plazo no superior a seis meses, se impulsen las “reformas legales necesarias a fin de suprimir, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distintas leyes”.

La iniciativa argumentaba que las prerrogativas parlamentarias fueron asumidas, “sin gran debate por parte del constituyente”, por la Constitución de 1978, que las contempla en su artículo 71.