Tras la polémica suscitada por la aprobación de una proposición no de ley pactada por ERC y el PSOE en el Congreso para retirar los crucifijos de los centros escolares, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, matizó que la iniciativa sólo afectará a los colegios públicos, mientras que Esquerra insistía en que la medida afectará a "todos los centros".

En todo caso, Esquerra considera cumplido su objetivo principal, que es el de convencer al presidente y al Gobierno de la "necesidad de reformar la Ley de Libertad Religiosa" y, en ese sentido, dijo, "nos alegra" que Zapatero se haya sumado a esa convicción.

Rodríguez Zapatero aseguró ayer en rueda de prensa que la retirada de los crucifijos no está en la agenda del Gobierno en estos momentos y explicó que no lo estará hasta que la futura Ley de Libertad Religiosa estudie esos supuestos. Además, prometió que cuando se regule en esa ley, para la que no dio fecha, se hará "buscando el máximo consenso".

Hasta ahora las iniciativas parlamentarias presentadas por ERC en esta materia pretendían promover la reforma de esta ley y la consagración de un Estado laico que asuma los criterios de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en relación con la libertad religiosa.

Tardà explica en una nota de prensa que "precisamente iniciativas como la aprobada este miércoles en la Comisión de Educación no hubieran sido necesarias" si se hubiera cumplido el compromiso de reformar una ley aprobada el año 1980, que nada tiene que ver con la sociedad actual.

El diputado recordó los compromisos en ese sentido adquiridos con Esquerra por la vicepresidenta primera en la anterior legislatura y también en la actual y mostró su esperanza en que "finalmente se reforme la Ley de Libertad Religiosa y que no se convierta en un nuevo incumplimiento del Gobierno Zapatero".

El compromiso de modificar esta ley se ha anunciado en varias ocasiones, pero por el momento no se ha hecho realidad, y es por este motivo que Tardà se ha felicitado "ante la sacudida que ha supuesto una iniciativa que proponía adaptar la actual legislación a la jurisprudencia europea, tal y como aprobó la Comisión de Educación".