La Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, estableció por vez primera en el Derecho español, gracias a las presiones del movimiento asociativo de la discapacidad, obligaciones en materia de accesibilidad audiovisual, a través de medidas como el subtitulado, la emisión en lengua de signos y la audiodescripción de los contenidos televisivos.

Estas obligaciones eran progresivas en el tiempo y situaban el año 2013 como horizonte clave en el que tenían que estar implantadas la mayoría de ellas.

A fin de constatar el grado de cumplimiento de este marco legal de exigencia, el Cermi convocará a todas las instancias públicas, privadas y sociales con interés en la accesibilidad audiovisual a una sesión de trabajo en la que se abordarán los avances en relación con una modalidad de accesibilidad a la que España ha llegado mucho más tarde que otros países y que tiene todavía un enorme recorrido por delante, según informó hoy la entidad que preside Luis Cayo Pérez Bueno en un comunicado.