Así lo indica en una entrevista concedida al número 83 del periódico ‘cermi.es semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Torres-Dulce asegura que ya están tratando de ajustar su intervención a la citada norma internacional, pero reconoce que la implementación de los tratados internacionales relativos a derechos humanos es "siempre complicada y requiere un tiempo de adaptación que afecta desde las modificaciones legislativas, que son básicas, hasta el acceso del ciudadano con discapacidad a la Administración de Justicia, lo que implica una adecuada sensibilización de todos los que trabajamos en este área".

Reconoce que "todo puede y debe mejorarse" y apuesta por seguir profundizando en la especialización, por incrementar la preparación y dedicación de los fiscales y por mejorar la accesibilidad de las instalaciones, que "sigue siendo nuestra mayor preocupación".

Asimismo, afirma que la actividad de la Fiscalía crece año tras año en materia de discapacidad y apoyo, tanto por el incremento de los controles establecidos para el ejercicio del apoyo establecido en la sentencia de capacidad como por el incremento que se está experimentado entre las personas mayores de las necesidades de apoyos que deben buscarse fuera de la esfera familiar.

Así, informa de que en los últimos cuatro años, de media, el número de demandas de modificación de la capacidad promovidas por el Ministerio Fiscal están estabilizadas en unas 16.000, el número de demandas interpuestas por particulares ronda las 9.000 y los controles de los apoyos "se han incrementado significativamente desde el año 2009, doblándose ampliamente el número de los expedientes de tutela y curatela despachados anualmente, que el pasado año llegaron a 54.000 aproximadamente".

En este sentido, añade que las mayores dificultades a las que se enfrenta el Ministerio Fiscal para cumplir su mandato constitucional en cuanto a la protección de las personas con discapacidad estriban "en la propia naturaleza de esa protección, que se extiende normalmente a una doble vulnerabilidad, que conlleva muchas veces que el factor discapacidad quede en un segundo término".

Para solventar esta situación, propone una protección integral, que "abarque las cuestiones penales del castigo al infractor y defensa de la víctima; las civiles de determinación de los apoyos necesarios para el ejercicio de sus derechos, y las de integración social, donde las cuestiones relacionadas con su día a día pueden constituir el principal objetivo de protección".